Informatización y Médios Electrónicos en Colombia

bandeira-da-colombiaAlgunas inquietudes sobre la Implementación de la Justicia Digital en Colombia

Por: Mónica Bustamante Rúa. Abogada y Magister en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, Magister en Derecho Procesal y Candidata al título de Doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Rosario – Argentina. Coordinadora del Programa de Maestría en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín – en sede principal. Integrante del Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal. Integrante del Comité Organizador del Congreso Internacional de Derecho Procesal (Cartagena).

En la experiencia Colombiana, el desarrollo tecnológico del Poder Judicial, no ha sido similar al del Gobierno, así E – Gobierno en Colombia cuenta con infraestructura de intercambio de información, los servicios y el seguimiento del Programa de Gobierno en Línea – GEL – , sin embargo solo desde los últimos años se han venido fijando estrategias a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, y del Ministerio de Justicia para la implementación del uso de las TIC en el desarrollo de la Justicia como Servicio Público. Precisamente en el año 2010 se tienen por primera vez un acercamiento significativo para trabajar conjuntamente entre E – Gobierno y E – Justicia. En ese sentido se observan avances positivos en E – Gobierno, pero en el contexto judicial se tiene interesantes planteamientos teóricos, que no logran concretarse en la implementación práctica. E –Justicia Colombia, tiene su origen en la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana, República Dominicana (2006) – Proyecto E – Justicia: La Justicia en la Sociedad del Conocimiento, cuya declaración final fue firmada por Colombia. Su ámbito de aplicación corresponde al Poder Judicial a través del liderazgo del Consejo Superior de la Judicatura. En dicho proyecto se fijaron como fases de evolución en el uso de las TIC las siguientes: a) Información: difusión de la información de la administración de Justicia, gestión y almacenamiento de las bases de datos, intercambio de información entre los operadores jurídicos; b) Gestión: gestión de la oficina judicial, gestión documental, monitoreo del desempeño judicial, informatización de los registros judiciales, y gestión de medios audiovisuales; c) Relación: descarga de formularios y escritos judiciales, solicitud de certificados, presentación de escritos en línea; d) Decisión: Juicios electrónicos . En cuanto al índice de Desarrollo de la E – Justicia en Iberoamérica (2006) , el estudio comparado E Justicia, revelo que Colombia ocupaba el antepenúltimo lugar . Dicho estudio realizó una primera aproximación a la realidad y analizó los niveles de uso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos en los poderes judiciales, resultado que alertó al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial Colombiano, marcando un hito en la historia que obligó a emprender acciones para el fortalecimiento de las TIC en la administración de justicia. Es así como el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones con el apoyo de la Corporación Excelencia a la Justicia, trazo el Plan Nacional TIC 2010 – 2014 Eje Justicia, que define una serie de propuestas y metas para el Eje de Justicia del Plan Tic 2014 – 2019. En dicho documento se contienen las recomendaciones de la Corporación Excelencia en la Justicia – CEJ -, para la formulación del Eje Justicia del Plan TIC 2010 – 2019, entre ellas se propone concentración en tres metas principales: a) Expediente Digital : priorizando el expediente digital judicial, dado que la justicia formal representa más del 70% de la Justicia en Colombia, b) la litigación el línea: inicialmente a implementar en procesos simples, c) relacionamiento: entre el Plan TIC – Eje -de Justicia y el Programa de Gobierno en Línea – GEL – Para el cumplimiento de tales propósitos se hace necesario superar la costumbre judicial del papel, además de ello, una coordinación interinstitucional – Ministerios y Consejo Superior de la Judicatura, el desarrollo e implementación de instrumentos normativos y finalmente el necesario aseguramiento de los recursos presupuestales, humanos y tecnológicos indispensables para el funcionamiento adecuado del Proyecto de Justicia Digital. En el Proceso Penal, la implementación del sistema penal de corte acusatorio, bajo el modelo de audiencias orales, exigió la adopción de un Plan para la incorporación de las herramientas tecnológicas necesarias para la grabación de actuaciones y para los actos de comunicación. El artículo 145 del Código de Procedimiento Penal – Ley 906 de 2004 – dispuso el empleo de los medios técnicos idóneos para el registro y reproducción fidedigno de la actuado en las audiencias . En referencia al Proceso Laboral, para el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social la Ley 1149 de 2007, reformó el procedimiento laboral para hacer efectiva la oralidad plena, en concreto su artículo 46 ordena que las audiencia sean grabadas por los medios técnicos que ofrezcan fidelidad y seguridad del registro. Frente al Proceso Administrativo, el Código de Procedimiento Administrativo, Ley 1437 de 2011, Capítulo IV, refiere a la utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo. Así en el proceso administrativo los siguientes son los actos que pueden realizarse a través de medios electrónicos: presentación de la demanda (artículo 162), contestación de la demanda (artículo 175), presentación de alegatos de conclusión (artículo 181), medio de soporte para la sentencia judicial (artículo 182), envío de los antecedentes del acto administrativo (artículo 184), interposición y sustentación de los recursos de apelación – queja y suplica (artículos 244, 245, 246, 247), interposición del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia (artículo 261), solicitud de la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado (artículo 269). Algunas de estas normas entraron en vigencia el día 2 de julio de 2012, concretamente lo relacionado con la posibilidad de recibir notificaciones, recibir memoriales y alegatos, practicas audiencias, diligencias y pruebas por medios electrónicos; otras normas como las que establecen la implementación del expediente judicial electrónico están sujetas a la implementación gradual en un término de cinco años por el Consejo Superior de la Judicatura, en aras de asegurar las condiciones y recursos técnicos necesarios para realizar por medios electrónicos las actuaciones judiciales Y finalmente bajo este mismo esquema, para el Proceso Civil y de Familia, se expide el Código General del Proceso, Ley 1564 del 12 de Julio de 2012, que establece algunos lineamientos para implementar expedientes electrónicos, mecanismos de litigación en línea y sistemas de información en procura de la eficiencia en los procesos judiciales. El Código General del Proceso estableció para el procedimiento civil, el juicio oral pleno por audiencias que exige el uso de medios tecnológicos para su grabación (artículo 3). En el Capítulo I, del título primero de la sección segunda, es donde se enmarcan las normas del “Plan de Justicia Digital” entendido como un proyecto para la integración de todos los procesos y herramientas de gestión de la actividad jurisdiccional por medio de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, que permita formar y gestionar expedientes digitales y el litigio en línea (artículo 103). En ese sentido, en todas las actuaciones judiciales deberá procurarse el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el trámite de los procesos judiciales, para agilizar el acceso a la administración de la justicia, lo cual implicará la urgente modernización de los despachos judiciales y la ampliación de la cobertura de la administración de justicia como servicio público en Colombia. Y de manera puntual el artículo 122 del citado Código, refiere a que en “aquellos juzgados donde se encuentre implementado el Plan de Justicia Digital, el expediente estará conformado integralmente por mensajes de datos”. Para la implementación gradual del expediente digital, es indudable que se deben fortalecer los procesos de digitalización documental , los sistemas de información y las plataformas tecnológicas, la implementación de sistemas de seguridad de la información, y el necesario fortalecimiento de los Centros de Servicios y de Acceso a la Justicia a nivel Nacional (CAJ). Se observa como el Poder Judicial, a través del Consejo Superior de la Judicatura debe incrementar sus esfuerzos para la incorporación de los avances tecnológicos para la gestión, almacenamiento y administración documental, a través de la implementación de redes y sistemas de información, en la producción, recepción, distribución y trámite electrónico de documentos. A modo de ejemplo, en Colombia, resulta lamentable la improvisación con que se implementan importantes reformas en materia procesal, la sola implementación de la oralidad en los diferentes procedimientos Penal, Laboral, Civil, Familia y Administrativa es muestra de ello, dado que una condición mínima es la debida dotación tecnológica de audio y de video, recursos que resultan limitados en algunas regiones del país y muchas veces insuficientes para el volumen de tramitaciones que se deben dar. Para dar el salto tecnológico hacia el Expediente Digital se deben definir las estrategias de implementación que permita compartir recursos, plataformas, sistemas para garantizar el flujo seguro de la información entre los diferentes actores y usuarios del sistema judicial. Por ello una recomendación de la Corporación Excelencia a la Justicia, es que el Plan Nacional de TIC debe trazar como meta a 2019 la implementación completa del Expediente Digital en todas las jurisdicciones, y que el expediente digital de la Jurisdicción Penal debe estar completamente concluido a 2014, en especial porque fue esta la primera jurisdicción en implementar la oralidad entre los años 2005 a 2008, sin embargo aun resulta incipientes e insuficientes las tareas adelantadas para lograr dicha meta en el periodo propuesto, siendo preocupante que tras ocho años de implementación de la Oralidad Penal, ni aún, en ciudades principales como Bogotá y Medellín no se cuente con un Sistema de Gestión de la Información que permita la consulta por proceso a través de carpeta digital unificada, esto es, todos los audios y videos de las audiencias de un proceso determinado . Lo anterior es consecuencia de la debilidad del sistema por falta de recursos para el fortalecimiento de la rama judicial y en especial de los Centros de Servicios Judiciales, así el éxito en la implementación de la Justicia Digital y en particular del Expediente digital o electrónico en Colombia, dependerá de los procesos de digitalización y virtualización de trámites judiciales: notificaciones, peticiones electrónicas, Consultas de expedientes, consulta de bases de datos de entidades públicas y privadas, control de agendas, remates virtuales, etc. Igualmente su éxito también dependerá de la urgente mejora de infraestructura informática de equipos de cómputo, software y conectividad en todo el país. Por ello, recientemente el Consejo Superior de la Judicatura en su sala administrativa expidió el Acuerdo Nro. PSAA12-9269 de 2012, por medio del cual adopta el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial, en coherencia con lo trazado en el Plan Nacional de las TIC S 2010 – 2019, en el cual se fijan las metas y los programas a desarrollarse en un periodos de 6 años con la Cooperación de la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo – USAID – desde cinco ejes estratégicos: expediente electrónico, justicia en red, gestión de información, gestión de cambio y uso de TIC para la formación judicial y ciudadana. En definitiva hablar de Justicia Digital en Colombia es un reto enorme que debe partir por superar las principales barreras: a) equipos de cómputo obsoletos en los despachos judiciales, b) falta de inversión en licenciamiento de software, c) falta de conectividad en muchas regiones del país – municipios remotos – , d) la cultura del papel, e) Falta de regulación que autorice al Consejo Superior de la Judicatura como entidad certificadora cerrada , f) Falta de plataformas de interacción con el ciudadano, g) falta de recursos de inversión suficiente para los proyectos en materia de TIC, h) Falta de capacitación a los operadores judiciales en el uso de las TIC.

Prof José Carlos de Araújo Almeida Filho